Para hacer una introducción al tema que trataremos en el presente escrito, empezaremos por acercarnos al concepto de responsabilidad, el cual en materia jurídica, hace referencia a la “obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal” .

En palabras del profesor Tamayo Jaramillo, la responsabilidad es: “la obligación patrimonial de asumir las consecuencias patrimoniales de un hecho dañoso”, siendo una obligación por cuanto “determina la necesidad jurídica de atender a las consecuencias”

Ahora bien, dentro de los perjuicios indemnizables en materia de Responsabilidad Civil tenemos; por un lado los denominados por la doctrina perjuicios materiales o patrimoniales, dentro de los cuales encontramos el daño emergente y el lucro cesante; y por otro los perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, que hacen referencia a los perjuicios morales y al daño a la vida de relación.

En el presente escrito haremos énfasis en el concepto del daño a la vida de relación, que ha tenido un amplio desarrollo en nuestro país, por parte del Consejo de Estado; el cual ha dicho que este perjuicio: “no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella se producen en la vida de relación de quien la sufre”

1. Aspectos Constitucionales de La Responsabilidad Extracontractual del Estado.


Como primera medida, es de vital importancia para los fines de este ensayo el anotar que el artículo 90 de nuestra Carta Fundamental contiene lo que se tiene comúnmente en el mundo jurídico como la cláusula general de responsabilidad del Estado, toda vez que reza que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.” .

Es de esta manera cómo el Constituyente Nacional de 1991 estableció de manera general y extensiva que el Estado no queda impune en los eventos en los que causa un daño imputable a su proceder, sin dejar de lado por supuesto que el daño causado debe ser antijurídico, esto es, que vulnere un bien jurídico protegido por la Constitución y por las leyes.

Nótese cómo la redacción del artículo citado nos pone de presente que la responsabilidad es patrimonial, lo que desde ahora nos advierte que éste será el único modo a través del cual la Administración reparará los daños causados a los administrados, no siendo jurídicamente plausible el resarcimiento por cualquier otro medio.

En Colombia, se presentan disparidad de conceptos con relación al tema de los conflictos surgidos de la prestación del servicio de salud, de tal manera que resulta imperioso realizar un análisis concienzudo sobre el tema a fin de entender y comprender los planteamientos adoptados por cada corporación, entendiéndose por una parte el Consejo de Estado y por otra la Corte Suprema de Justicia, a fin de dilucidar el punto neurálgico sobre el tema y así poder emitir una conclusión de acuerdo a las posiciones de cada parte.
Para este fin, analizaré en principio la posición del Consejo de Estado, para luego referirme al concepto adoptado por la Corte Suprema de Justicia, para una vez planteado el problema de fondo y dejando clara cada posición, plantear un punto de vista personal sobre el tema en discordia.

El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos y por lo tanto las necesidades que estos suplen, son inherentes a la finalidad social del Estado; es decir, la garantía de la calidad de vida de las personas que residen en el país es un fin en sí mismo que justifica la propia existencia del Estado, imponiéndosele el deber de asegurar la prestación eficiente de dichos servicios a todos los habitantes. Ahora bien, el servicio de telecomunicaciones puede ser prestado por el Estado directa o indirectamente, por los particulares o por comunidades organizadas.

Sí los particulares o una comunidad organizada van a prestar el servicio de telecomunicaciones, y sí es precisamente el de telefonía pública básica conmutada es necesario constituir una sociedad bajo el modo de sociedad anónima y con la denominación de ser una empresa de servicios públicos (ESP) que cuente con el objeto de prestar variados servicios de telecomunicaciones , dicha empresa debe ser registrada ante la cámara de comercio y demás autoridades competentes.